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Áreas de práctica

La industria, entre ellas la extractiva, está sujeta a la regulación del Estado, como parte del deber estatal de promover el uso sostenible de dichos recursos, según el mandato del artículo 67 de la Constitución Política del Perú.

El cumplimiento de esta regulación por parte de la industria es supervisado y fiscalizado por las diversas entidades de la Administración con competencia para ello. Como parte de esas labores, dichas entidades están facultadas a imponer sanciones. Así, tratándose de afectaciones al ambiente, la Ley General del Ambiente, Ley 28611, contempla multas de hasta US $13,000,000 aproximadamente.

La supervisión y fiscalización de la industria en su relación con el ambiente, es una tarea permanente y progresiva en el Estado peruano. Prueba de ello es que, por ejemplo, en el campo de la minería, dichas tareas hayan sido transferidas el 2010 del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Oefa, que viene desplegando una intensa actividad fiscalizadora.

En la misma línea del fortalecimiento de la fiscalización en protección del ambiente, se aprobó la Ley 29325, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Oefa.

Con respeto al derecho de defensa y al debido proceso, consagrados en la Constitución y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, cualquier imposición de sanciones por parte de una entidad administrativa debe venir antecedida de un procedimiento donde se haya permitido a la empresa ejercitar su defensa, pudiendo también impugnar aquellas decisiones de la autoridad que le resulten desfavorables. Asimismo, agotada la vía administrativa, la empresa cuenta con el derecho constitucional de contradecir la decisión estatal en el Poder Judicial, mediante el proceso contencioso-administrativo.

En este contexto, asesoramos a nuestros clientes desde el momento mismo de la fiscalización, pasando por la preparación de los descargos, los recursos impugnativos que corresponda en la vía administrativa y, de ser necesario, el patrocinio en el proceso contencioso-administrativo en el Poder Judicial.

Defendemos los derechos constitucionales y legales de nuestros clientes, vigilando constantemente para que las decisiones de la autoridad se den con pleno respeto a los derechos de éstos, buscando eliminar todo abuso o arbitrariedad en la aplicación de la regulación de la industria.